Denuncian hostigamiento contra miembros del Observatorio de Prisiones

El director de la organización, Humberto Prado, también ha sido víctima de ataques y amenazas en los últimos años debido a sus denuncias en relación con la situación de las cárceles del país.Un nuevo caso de hostigamiento contra activistas de Derechos Humanos se registró en Venezuela. Este miércoles Hernán Antonio Bolívar, esposo de Marianela Sánchez Ortiz, coordinadora jurídica del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), fue víctima de un robo por parte de unos sujetos armados, quienes lo interceptaron cuando llegaba a su residencia y allí lo obligaron a montarse en el vehículo que conducía y lo amenazaron con tomar represalias contra él y sus hijos si su esposa continuaba laborando en la organización que se encarga de velar por los Derechos Humanos de los reclusos.

En un comunicado de prensa, el Foro por la Vida, alianza de agrupaciones civiles pro garantías fundamentales, condenó el hecho y exigió a las autoridades que lo investiguen y sancionen a los responsables; así como que tomen medidas para garantizarle la vida a todos los miembros del Observatorio y de las demás organizaciones.

Otros integrantes del Observatorio Venezolano de Prisiones han sido víctimas de ataques y amenazas por sus constantes denuncias sobre el sistema penitenciario en Venezuela. En diversas ocasiones, el director de la misma, Humberto Prado, ha sido amenazado a través de llamadas telefónicas, personas armadas que se han acercado a su residencia, entre otras acciones. Recientemente, el 20 de mayo de 2012 había recibido mensajes que indicaban que podía ver víctima de ataques y de seguimiento por su labor de denuncia y defensa de los Derechos Humanos de las personas que están en las cárceles.

Entre 1997 y 2007 72 activistas pro garantías fundamentales fueron asesinados, según un estudio que elaboró la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas. La situación de riesgo en la que desarrollan su labor los defensores ha provocado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se haya reclamado al Gobierno, en varias ocasiones durante los últimos años, que tome medidas para que estos pueden realizar su labor sin riesgos.