El nuevo estatuto, denominado "Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones" e introducido por el diputado Juan Mendoza en enero del 2010, establece que la venta de armamento solo podrá ser coordinada por la Fuerza Armada Nacional, eliminando en efecto las ventas privadas de armamento.
La legislación propuesta incluye sanciones para aquellos que usan armas de forma inapropiada y ordena el registro de todas las armas en manos de particulares en todo el país.
Bernal, quien lidera la comisión legislativa a cargo de la redacción de la ley, anunció el 20 de marzo una serie de consultas públicas entre legisladores y miembros de la comunidad en 18 estados del país, donde se discutiría el alcance de la ley antes de que entre el proceso de aprobación formal en la Asamblea Nacional venezolana.
La comisión, sin embargo, aún no ha hecho público el cronograma de estas reuniones.
De ser aprobada, la ley reemplazaría a la actual Ley de Desarme, vigente desde 2002.
Por mandato de esta ley, se transfirieron todos los registros de armamento y el poder de expedirlos del Ministerio del Interior a las Fuerzas Armadas, asignando severas penalidades a aquellos que tenían armas sin registrar.
Pero las armas sin registro, sin embargo, continúan estando presentes en las calles de Venezuela.
Existen entre nueve y 15 millones de armas sin registro en la nación suramericana de 29 millones de habitantes, de acuerdo al diputado Juan José Mendoza, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional de Venezuela.
En contraste, sólo 25.940 están legalmente registradas, de acuerdo al diputado Juan Carlos Caldera.
Un total de 18.850 homicidios ocurrieron en Venezuela en 2011, según datos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC). El 90% de ellos fueron realizados con armas de fuego, de acuerdo a Edwin Rojas, viceministro de Seguridad Ciudadana.

César Marín,
coordinador de la campaña "Basta de Balas" de Amnistía Internacional
Venezuela, una iniciativa nacional
que pide la puesta en
práctica de políticas
públicas integrales de control a las armas
y municiones. “El proyecto nuevo se queda corto
en la fase de producción,
importaciones y controles a los
usuarios. No habla ni
comentan nada de las armas
que pertenecen a los
órganos del
Estado y a la Fuerza Armada”.
(José Domingo Guariglia para Infosurhoy.com)
Algunos consideran que el proyecto de ley quizás no sea suficiente para frenar el creciente mercado de armas sin registro en Venezuela.
“El proyecto nuevo se queda corto en la fase de producción, importaciones y controles a los usuarios", dijo César Marín, coordinador de la campaña "Basta de Balas" de Amnistía Internacional Venezuela, una iniciativa nacional que pide la puesta en práctica de políticas públicas integrales de control a las armas y municiones. “No habla ni comentan nada de las armas que pertenecen a los órganos del Estado y a la Fuerza Armada”.
Venezuela necesita una política pública integral, más allá de los alcances de la nueva ley, para enfrentar el problema de las armas sin registro, dijo Marín.
“Pedimos que se haga énfasis en el impacto hacia las víctimas", dijo Marín. "Las víctimas o sus familiares no tienen absolutamente ningún apoyo. La única manera de atacar los problemas es sabiendo su dimensión y además convocando a todo el mundo a que piense, reflexione y proponga”.
Diana Montero, coordinadora del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana de Caracas, concuerda con Marín.
“El desarme es un elemento fundamental", dijo Montero. "Pero debe ir enmarcado en un plan estratégico de, al menos, 10 ó 20 años”.
Mientras tanto, ONG como Anmistía Internacional continúan trabajando con las comunidades venezolanas, realizando talleres de Seguridad Ciudadana que buscan “empoderar al ciudadano en la comprensión de la seguridad y la manera como pueden contribuir con ella”, dijo César Marín.
“Si de verdad queremos tener seguridad, tenemos que desarmarnos de la palabra, desarmarnos de las armas que tengamos y exigirles a nuestras autoridades que sepan trabajar la seguridad desde una perspectiva de respeto a todos los demás”, agregó Marín.
